Un soberano bledo

Por: Gloria Marcela Hernández

Equívocamente, la soberanía sólo se asocia al territorio y su indivisibilidad, sin embargo, poco se aborda la idea de la unidad del poder, es decir, el Estado, que a su vez se considera la expresión del interés general, debe ejercer su poder de manera exclusiva y autónoma con el fin ordenar y controlar la totalidad del territorio y  sus habitantes, esto se logra por medio del monopolio efectivo del uso de la fuerza (violencia), de la administración pública y de la aplicación justicia; estas propiedades se materializan en lo que entendemos por instituciones. En otras palabras, la capacidad única del Estado  para ordenar la vida en sociedad se logra mediante su presencia institucional en todo el territorio, de forma tal que el ejercicio –autónomo- de este poder pueda gozar de una aceptación mayoritariamente consensuada y generalizada, es decir debe ser legítimo.

Dos acontecimientos hoy cumplen un año y dada su relevancia histórica,  política y social éstos continúan en las acuciosas mentes de algunos periodistas, políticos y opinólogos. En Noviembre de 2012, el gobierno nacional anuncia el inicio de la ronda de conversaciones con las que se pretende poner fin al conflicto armado en Colombia. 

En esta misma fecha, la corte internacional de la Haya, institución a la que Colombia se encuentra adscrita, determinó que un segmento del mar Caribe colombiano en adelante haría parte de Nicaragua, nación la cual,  se encuentra según “los expertos”, adelantando un proyecto expansionista en la región. Uno de los argumentos empleados para el ruidoso rechazo a esta decisión, es que ésta menoscaba  la seguridad alimentaria de los habitantes de la isla. Tampoco se hicieron esperar alaridos reclamando el ejercicio de la soberanía en esta zona.  

Estos dos hechos nos sirven para preguntarnos qué tan soberano es el Estado colombiano y sobre qué sustenta su legitimidad. 

La sola existencia de un grupo insurgente que durante  casi 50 años ha disputado el monopolio de la fuerza Estado instalándose en sectores del territorio nacional con poca o débil presencia institucional, ya nos da pistas. El abandono de un archipiélago, en donde casi que la única forma de asegurar la alimentación es mediante la pesca en las aguas territoriales, da muchas más.

Lo complejo es que en Colombia no existe solo un grupo insurgente, además de las FARC -EP existe el ELN. Igualmente existen los paramilitares, y esto hay que reconocerlo, defienden por medio de la violencia su propio proyecto político (el de un Estado narcotraficante, mafioso y corrupto) y se suman las BACRIM, que si bien no disputan propiamente un territorio y no tienen un proyecto político, si ejercen control sobre ciertas regiones o fragmentos de éstas para apoyar los proyectos político-económicos de ciertos personajes que nadan en las turbulentas aguas del régimen político colombiano. Así, que ante un eventual acuerdo de “paz” con las FARC –EP seguirán existiendo, organizaciones ilegales que busquen -y logren- arrebatar al Estado su control territorial e institucional. O en otras palabras, que atenten contra la soberanía estatal.

Sin embargo, la apuesta del gobierno de iniciar  los diálogos de la Habana, obedece más al proyecto de atraer inversión extranjera hacia el territorio nacional, que al de asegurar el bienestar de los colombianos y recuperar el poder de instaurar el orden en todo el territorio. Este proceso ha sido fuertemente apoyado (y ojo que esto no lo cuentan en RCN ni en Caracol) por empresas multinacionales que tiene sus ojos puestos en nuestro territorio y sus riquezas, pero que necesitan un mínimo de seguridad garantizado para continuar con la sustracción de los recursos de nuestro subsuelo. Aunque, debo reconocer qué el ejercicio del diálogo gobierno – FARC -EP, propone un ejercicio diferente al de la violencia, para el trámite de los conflictos, nada más pertinente para una sociedad que se encuentra tan erosionada por estas lides. 

Todas estas situaciones chocan con la idea de soberanía y de legitimidad, la mínima capacidad del Estado para llevar a cabo una apropiada administración pública que, haciendo cuentas de las manifestaciones en lo que va corrido del año, evidentemente no goza de una aceptación general. No puede hablarse de una soberanía absoluta cuando no es el Estado el que ejerce un dominio total sobre su territorio, no toma decisiones de manera completamente autónoma obedeciendo al interés general y mucho menos, cuando no puede  garantizar la producción y distribución de alimentos entre sus nacionales.  

A pesar de esto,  el lamento por la pérdida de soberanía en Colombia, sólo se remite al fallo de la Haya y no se ve más allá. Hoy gritamos a voz de políticos, seudo periodistas y opinólogos (que es una mezcla los dos primeros, pero que no son ni lo uno ni lo otro), reclamando una soberanía que nunca se ha tenido en su totalidad. Se cuestionan los afanes expansionistas de Nicaragua, pero no los del vecino del Norte que tiene asentadas bases militares en nuestro territorio nacional. Tanta diligencia no se observa, por ejemplo, cuando en Colombia se toma decisiones a favor de privados y particulares pisoteando los derechos de los nacionales. En ésta situación, son desconocidas por los medios masivos y sus opinólogos, las voces que reclaman decisiones y acciones realmente soberanas, y,  son muy pocos los políticos que hacen eco de las mismas. El interés general que se supone representa el Estado, se camufla con los intereses de pocos, a quienes Colombia, su territorio,  sus habitantes y su bienestar, les importa un soberano bledo.