La masacre ocurrió entre  los años 2003, 2006 y 2013, en donde aproximadamente 60 personas, entre niños, niñas y mujeres, de los pueblos en aislamiento voluntario fallecieron ponen  en grave peligro la supervivencia de estos pueblos.

En el año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane, por lo que el Estado ecuatoriano  estaba en la obligación de prevenir nuevas agresiones. Sin embargo, esto no ocurrió. En 2013 los eventos de violencia se repitieron. Esto producto de la ampliación de la frontera petrolera, la pasividad ante la colonización e inclusive la  complicidad del Estado al adjudicar territorios de pueblos indígenas.

El 29 de octubre de este año, la CIDH llamó a audiencia de fondo en el caso de los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane por la presunta  responsabilidad del Estado  ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos.

En esa audiencia, representantes del Gobierno de Ecuador pidieron a la CIDH archivar el caso. El argumento fue “el Estado ha tomado medidas como ningún otro estado para la protección de los pueblos indígenas en régimen de aislamiento voluntario”.

La situación de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la propuesta de archivo serán analizados este miércoles, 2 de diciembre de 2015, a las  15:00 por www.inredh.org

Panelistas:

David Cordero, abogado representante de Conaie.

Fernando Ponce, activista de DD.HH de los pueblos en aislamiento voluntario y del Yasuní.

Eduardo Pichilingue, Defensor de Derechos Humanos y ambientalista

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